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ARCA definió el procedimiento operativo para que los contribuyentes con causas penales por evasión tributaria puedan acceder al beneficio de extinción de la acción penal previsto en el Régimen Penal Tributario. La medida establece un camino formal para regularizar contingencias y cerrar litigios penales mediante el pago de la deuda, sus intereses y un adicional equivalente al 50% del monto evadido. Para contadores y asesores que trabajan con clientes bajo investigación fiscal, esta reglamentación aporta previsibilidad sobre un mecanismo que, hasta ahora, presentaba zonas grises en su aplicación práctica.

En qué consiste el beneficio

El beneficio permite extinguir la acción penal contra quienes están imputados por delitos de evasión tributaria, siempre que cumplan con la cancelación total de las obligaciones en cuestión más un plus del 50% sobre el monto evadido. Se trata de una salida institucional para que el contribuyente regularice su situación sin llegar a una condena penal.
La extinción de la acción penal es un instituto que ya existía en el Régimen Penal Tributario. Lo nuevo es el procedimiento reglado por ARCA para acceder a él de forma ordenada y con reglas claras.

Componentes del pago para acceder al beneficio

Quienes quieran acogerse a este mecanismo deberán cancelar tres componentes en forma íntegra: El pago debe ser total: no se admiten cancelaciones parciales para acceder al beneficio. Esto exige una evaluación previa cuidadosa sobre la conveniencia y viabilidad financiera de la operación.

A quiénes está dirigido

El régimen apunta a contribuyentes que ya tienen una causa penal iniciada por evasión tributaria y que buscan cerrarla antes del dictado de sentencia. La reglamentación establece condiciones formales que deben cumplirse dentro de la instancia judicial en curso.
La oportunidad procesal para solicitar la extinción es acotada. El beneficio no puede ejercerse en cualquier momento del proceso, por lo que la decisión debe tomarse con celeridad una vez evaluados los riesgos y costos.

Paso a paso para acceder al régimen

1

Cuantificación de la deuda

Determinar con precisión el monto evadido, los intereses acumulados y el 50% adicional. Este cálculo define si el beneficio es económicamente viable frente al riesgo penal.
2

Análisis de conveniencia

Evaluar con el cliente el costo total del acogimiento contra la probabilidad y magnitud de una condena. Incluye considerar honorarios profesionales, sanciones administrativas complementarias y efectos reputacionales.
3

Cancelación total

Realizar el pago íntegro de los tres componentes según el procedimiento fijado por ARCA. No se contempla acogimiento parcial ni facilidades específicas para este régimen.
4

Presentación en sede judicial

Acreditar el pago ante el juzgado interviniente y solicitar formalmente la extinción de la acción penal conforme al Régimen Penal Tributario.
5

Resolución judicial

El juez verifica el cumplimiento de los requisitos y, de corresponder, declara extinguida la acción penal.

Consideraciones para el asesoramiento profesional

Antes de recomendar el acogimiento, conviene analizar varios frentes:
  • Solidez de la imputación: si la evidencia en contra del contribuyente es débil, quizás convenga sostener la defensa antes que asumir un costo cierto del 150% más intereses.
  • Situación patrimonial del contribuyente: el pago debe ser total y en un plazo acotado, lo que requiere disponibilidad efectiva de fondos.
  • Efectos colaterales: la extinción penal no necesariamente cancela sanciones administrativas ni consecuencias en materia de habilitaciones, licitaciones o registros.
  • Precedentes recientes: conviene revisar cómo se están resolviendo casos análogos en la jurisdicción donde tramita la causa.

El rol del 50% adicional

El adicional funciona como una suerte de “precio” por evitar el proceso penal. No es una multa administrativa ni sustituye otras sanciones: es una condición específica para acceder a la extinción de la acción penal. Desde la perspectiva del contribuyente, se trata de un costo que debe ponderarse contra la incertidumbre y el desgaste de un juicio penal.
Recomendamos revisar el texto completo de la reglamentación publicada por ARCA y coordinar con el abogado penalista que lleva la causa, ya que la vía de acceso combina aspectos tributarios y procesales que requieren trabajo interdisciplinario.

¿Qué cambia en Facturear?

Esta novedad no tiene impacto directo en la operatoria de Facturear. Se trata de un procedimiento de regularización penal-tributaria que se gestiona ante ARCA y en sede judicial, por fuera del circuito de emisión de comprobantes electrónicos. La plataforma continúa funcionando con normalidad y no requiere ajustes por esta reglamentación.